22 Jul ¿Es correcto hablar de «mediar» cuando se actúa en favor de una de las partes?
¿Es correcto hablar de «mediar» cuando se actúa en favor de una de las partes?
Una reflexión sobre la diferencia entre mediación, intermediación e influencia, desde la perspectiva de un abogado y mediador de conflictos en Barcelona
Llevo varios días escuchando en distintos informativos una expresión que, como abogado y mediador de conflictos, me ha hecho reflexionar. Con frecuencia se afirma que determinadas personas «mediaron» para conseguir financiación pública, que «mediaron» ante una Administración o que «actuaron como mediadores» para favorecer una determinada operación.
No pretendo entrar en el debate político ni valorar el procedimiento judicial al que hacen referencia esas noticias. Serán los tribunales quienes determinen qué ocurrió realmente y si existió o no alguna actuación contraria a Derecho.
Mi reflexión es otra.
Me preocupa que se utilice una palabra que identifica una profesión regulada para describir actuaciones que algunos medios relacionan con la obtención de ventajas para una de las partes o incluso con un eventual tráfico de influencias.
Con esa inquietud acudí al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española para comprobar si ese uso era realmente incorrecto. Y, para mi sorpresa, la respuesta no era tan simple.
La RAE recoge, por una parte, la acepción clásica del verbo mediar: intervenir entre dos o más personas para ponerlas de acuerdo o reconciliarlas. Pero también incorpora otra acepción: interceder o intervenir en favor de alguien.
Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, por tanto, los periodistas no están utilizando incorrectamente el verbo cuando afirman que alguien «medió» para favorecer los intereses de una empresa. El diccionario admite ese uso.
Sin embargo, que una palabra sea correcta desde el punto de vista lingüístico no significa que sea la más adecuada en todos los contextos.
Y ahí es donde, en mi opinión, aparece el verdadero problema.
Cuando durante días o semanas la ciudadanía escucha que alguien «ha mediado» para conseguir financiación pública, influir en una decisión administrativa o favorecer a una empresa, resulta fácil que termine asociando la mediación con la utilización de contactos, influencia o capacidad de persuasión en beneficio de una de las partes.
Esa imagen poco tiene que ver con la mediación profesional.
Quienes ejercemos esta profesión no representamos intereses particulares, no defendemos la posición de quien nos contrata y no intervenimos para obtener ventajas para una de las partes. Nuestra función consiste precisamente en lo contrario: crear un espacio de diálogo equilibrado, facilitar la comunicación y ayudar a que las propias partes construyan, por sí mismas, una solución al conflicto.
El mediador no decide quién tiene razón. No habla en nombre de nadie. No persuade a una parte para que acepte la posición de la otra.
Su compromiso es con el procedimiento y con los principios que lo inspiran: la voluntariedad, la igualdad de las partes, la confidencialidad, la neutralidad y la imparcialidad.
Precisamente por ello, quienes nos dedicamos profesionalmente a la mediación tenemos también la responsabilidad de explicar con claridad cuál es nuestra función. La confianza de la ciudadanía en este sistema depende, en buena medida, de que se comprenda que el mediador no representa a ninguna de las partes, sino que garantiza que todas puedan participar en el proceso en condiciones de igualdad.
Por eso considero que el debate no es únicamente terminológico.
Las palabras también construyen la imagen que la sociedad tiene de las profesiones.
Si el verbo mediar termina utilizándose habitualmente para describir actuaciones encaminadas a favorecer exclusivamente a una de las partes o incluso conductas que, en determinados supuestos, puedan ser objeto de investigación judicial, corremos el riesgo de proyectar sobre la mediación una imagen que le es completamente ajena.
Y eso perjudica tanto a quienes ejercemos esta profesión como a las personas que podrían beneficiarse de ella.
Quizá, en esos contextos, el lenguaje podría ser más preciso.
Cuando una persona actúa defendiendo los intereses de otra para intentar obtener una determinada decisión administrativa, expresiones como interceder, intermediar, representar intereses, realizar gestiones o actuar como interlocutor describen mucho mejor esa realidad.
No porque la Real Academia Española se equivoque, sino porque esas expresiones evitan confundir una actividad de representación con una profesión cuya esencia consiste, precisamente, en no representar a nadie.
No escribo estas líneas para corregir a ningún periodista ni para cuestionar una investigación judicial cuyo desenlace desconozco.
Las escribo porque creo que quienes nos dedicamos a la mediación tenemos también el deber de explicar qué hacemos y, sobre todo, qué no hacemos.
La mediación es una profesión regulada y sometida a principios jurídicos y éticos muy exigentes. Se sustenta en la neutralidad, la imparcialidad, la confidencialidad y la voluntariedad de las partes.
Por eso considero importante evitar que el lenguaje pueda asociarla, aunque sea de forma inconsciente, a actuaciones consistentes en influir sobre quien debe tomar una decisión, representar intereses particulares o realizar gestiones encaminadas a favorecer exclusivamente a una de las partes. Esas actuaciones pertenecen a un ámbito distinto y, en determinados supuestos, incluso pueden ser objeto de investigación judicial.
Las palabras importan.
Y también importa preservar el significado de aquellas que identifican profesiones cuya credibilidad descansa, precisamente, en la confianza que generan.
Un mediador no influye. Un mediador equilibra.
Daniel Sererols Villalón
Abogado y Mediador de Conflictos en Barcelona
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