Solventamos sus principales dudas
La mediación de conflictos es un proceso voluntario y legal en el que una tercera persona imparcial, conocida como mediador, facilita la comunicación y negociación entre las partes involucradas en un conflicto, con el objetivo de ayudarlas a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable.
Este proceso no implica que el mediador tome decisiones por las partes, sino que se enfoca en ayudar a las personas a entenderse mejor, identificar los intereses y necesidades de cada uno, y explorar soluciones posibles. La mediación busca promover la resolución pacífica de los conflictos, evitando la escalada de las disputas y, en muchos casos, el recurso a vías legales o judiciales.
La mediación se aplica en una amplia variedad de ámbitos, incluyendo conflictos familiares, personales, laborales, escolares, sanitarios, vecinales y comerciales. Es una herramienta eficaz para gestionar disputas de forma dialogada, promoviendo soluciones consensuadas y duraderas.
Cuando los acuerdos de mediación de conflictos se «elevan a público» significa que el acuerdo alcanzado por las partes involucradas en el proceso de mediación se formaliza y se convierte en un documento legalmente vinculante. Este proceso puede ocurrir en diversas situaciones y depende de la legislación de cada país. En España funciona de la siguiente manera:
Si las partes llegan a un acuerdo durante la mediación, este acuerdo puede ser homologado judicialmente o elevado a público ante notario, lo que implica que se convierta en un documento oficial legalmente vinculante. Este acuerdo tiene la validez de un contrato y puede ser ejecutado como tal.
En ciertos casos, después de que las partes firmen el acuerdo de mediación, pueden solicitar que el acuerdo sea homologado por un juez. Este proceso de homologación tiene como objetivo darle fuerza de sentencia judicial al acuerdo, de manera que pueda ser ejecutado como si fuera una resolución judicial.
La homologación judicial da certeza a las partes de que el acuerdo será ejecutado de acuerdo con la ley y que cualquier incumplimiento de éste podrá ser sancionado, similar a lo que ocurriría si fuera una sentencia emitida por un tribunal.
En resumen, «elevar un acuerdo de mediación a público» significa formalizar el acuerdo alcanzado en la mediación para que tenga fuerza legal, lo que asegura su cumplimiento y le otorga una validez jurídica.