02 Jun Justicia 2030: una oportunidad para transformar el servicio público de justicia

El Plan de Justicia 2030 representa un punto de inflexión en la modernización de nuestro sistema judicial. Se trata de una hoja de ruta ambiciosa, diseñada para desplegarse en un horizonte de diez años, y que busca convertir la justicia en un auténtico servicio público de alto valor social, cercano, eficaz y sostenible. Lejos de ser una simple reforma técnica, Justicia 2030 es una apuesta por transformar el sistema desde los puntos de mayor impacto estructural, con una mirada centrada en las personas y en la cogobernanza con las comunidades autónomas.

Este plan se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se orienta hacia una justicia más eficiente, digitalizada, interoperable y capaz de ofrecer respuestas ágiles a las necesidades cambiantes de la sociedad. Lejos de querer alterar cada pieza del sistema, pone el foco en aquellos elementos que, una vez reformados, pueden desencadenar mejoras en cadena dentro del ecosistema judicial.

Una línea de continuidad legislativa

En los últimos tiempos, hemos visto cómo esta estrategia ha ido tomando forma a través de diversas normas de alto nivel:

• Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio
• Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre
• Y más recientemente, la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Esta última norma no solo recoge el espíritu del Plan Justicia 2030, sino que lo consolida como proyecto de país, centrándose especialmente en la implementación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), también conocidos como MAS (ADR en el ámbito internacional). Este eje se considera nuclear para alcanzar una mayor eficiencia procesal y una justicia más dialogada.

Hacia una justicia más eficiente y centrada en las personas

El Plan Justicia 2030 reconoce que los principales desafíos de la justicia (falta de recursos, problemas organizativos y déficits en la gobernanza) no pueden abordarse de manera aislada. Por eso propone una estrategia conjunta que conecte soluciones en los tres niveles, con financiación específica y mecanismos de cogobernanza que permiten implicar tanto al Ministerio como a las comunidades autónomas con competencias.

Además, el Plan apuesta por:

• La digitalización inteligente de los procesos.
• La interconexión de sistemas y datos.
• El acercamiento del servicio de justicia a las personas, especialmente a colectivos vulnerables.
• Y una apertura hacia formas colaborativas y restaurativas de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación o la justicia restaurativa.

Una oportunidad para los profesionales del conflicto

Para quienes trabajamos en la gestión de conflictos, el Plan Justicia 2030 abre una ventana de oportunidad para consolidar los MASC dentro del sistema judicial, no como una alternativa menor, sino como una vía complementaria, eficiente y respetuosa con la voluntad de las partes. Esta evolución hacia una justicia más dialógica no solo contribuye a la descongestión de los tribunales, sino que refuerza la confianza ciudadana en el sistema y promueve una cultura de la responsabilidad y el consenso.

En definitiva, Justicia 2030 no propone cambiar de modelo, sino evolucionarlo, haciéndolo más inclusivo, más ágil y conectado con la realidad social. Es momento de sumar esfuerzos, conocimiento y práctica profesional.

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